Grave vulneración de derechos fundamentales a una familia en la Isla de El Hierro

Exhortación y denuncia a las autoridades

Yo, persona vecina de Valverde, en la Isla de El Hierro, quiero denunciar  la particular película de terror que hemos vivido.

Hemos presentado Recurso Contencioso Administrativo para la protección de los Derechos Fundamentales ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el pasado mes de febrero de 2021.

Siendo conocedores de la lentitud de la justicia, quiero dar a conocer a la ciudadanía el maltrato por el que hemos tenido que pasar mis 3 hijos y yo misma.

Una situación  inmerecida e injusta para unos críos y su madre, en nombre de protocolos desproporcionados e inhumanos  y ordenes administrativas que han secuestrado el Sentido Común y el Raciocinio más básico. 

Nosotros hemos cumplido nuestra condena, pero me complacería saber que nuestra “pesadilla” pueda servir para hechos como éstos no se vuelvan a repetir.

Que nunca más, 3 criaturas vuelvan a pasar por lo que han pasado mis hijos por una administración deshumanizada.

El cribado arbitrario mediante un test

Como expliqué, soy madre de 3 hijos en edad escolar.

Mi hija menor asiste al Colegio de Valverde.

El domingo día 24 de enero de 2021,  se decide arbitrariamente hacer un cribado a todos los niños que asisten a la clase de mi hija menor.

Para ello realizan pruebas de detección del SARS-Cov-2, mediante un Test PCR —pese a que no se observaba en ninguno de los niños de la clase ni uno sólo de los síntomas atribuidos a la llamada COVID- 19.

Digo que fue un cribado arbitrario, porque la razón del mismo es un “supuesto contacto” de un niño, con un positivo FUERA DE CLASE.

Lo que hace que salten todas las alarmas, lejos de proceder a realizar la prueba a ese niño en concreto, que hubiese sido la prioridad, evitando someter innecesariamente al resto de los niños de la clase a pruebas agresivas.

Sin embargo, se optó  por realizar ese test a todos los niños del aula, confirmándose con posterioridad, el resultado negativo no sólo en todos y cada uno de los niños de la clase, sino que  el niño de la “sospecha” inicial resultó igualmente NEGATIVO en las pruebas.

Todo un despropósito. Una manera de actuar desproporcionada y alejado de un procedimiento razonable.

El domingo día 24 de enero se me requiere para hacerle la prueba del Test PCR a mi hija menor.

Prueba a la que yo no accedo que le practiquen, por ser un derecho de cualquier paciente, que puede o no aceptar la realización de una prueba médica.

Mi hija no presenta además ningún síntoma, soy conocedora de lo molesta y dolorosa de la misma y soy su tutora legal.

Los convenios de Bioética y toda la legislación internacional me asisten en ésta decisión personal, que nadie, ni las autoridades políticas ni sanitarias tienen derecho a vulnerar.

Comienzo del calvario por imposición "legal": vulneración de derechos fundamentales.

A partir de este momento comienza nuestro particular vía crucis.

Recibo amenazas por parte de la Guardia Civil indicando que van a proceder a mi detención.

Recibo gritos y amenazas por parte de la Coordinadora Covid del Colegio de Valverde indicando que va llamar a la Guardia Civil y que yo debería estar confinada.

Mas gritos y formas violentas y agresivas por parte de una persona identificada como miembro de la Dirección Insular de la Administración de Salud del Estado, a la que acompañaba el Director Insular y el Teniente de la Guardia Civil, quienes no pararon de gritarme e increparme que yo debería estar confinada, que era un riesgo para todos y que me fuera a mi casa.

La histeria del "inconsciente colectivo" presa de un terror infundado.

Finalmente nos llega una Orden del Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Gabriel Trujillo Oramas, que resuelve que mis 3 hijos y yo debemos guardar aislamiento domiciliario durante 10 días.

Nos insta a seguir las instrucciones de los miembros del Servicio Canario de Salud.

Indica que podemos ser asistidos por miembros del Cuerpo de la Policía Canaria, así como por integrantes de los Fuerzas y Cuerpos  de Seguridad del Estado en coordinación con aquella.   

Ante toda esta situación de abuso de poder manifiesto, de falta de cordura, sin motivación razonada (al demostrarse el resultado negativo de las pruebas realizadas) nos encontramos mis 3 hijos y yo, bajo un “aislamiento domiciliario” injustificado o, más bien, ante un arresto domiciliario

El disparate de las medidas adoptadas y la conculcación de nuestros Derechos es de tal calibre que llega hasta el punto de impedirme salir para adquirir alimentos, o poder acudir al mantenimiento de nuestra huerta, para poder regar y trasplantar mis plantas, que constituyen nuestra única fuente de ingresos. 

Arresto domiciliario sin prueba alguna de haber cometido “delito" alguno: hacia la Nueva Normalidad impuesta por el GLOBALISMO.

Diez días bajo la amenaza constante por parte de los miembros de la Guardia Civil, de poder proceder a mi detención en caso de saltarme el arresto domiciliario injustificado.

Por si pudiera parecer poco lo anteriormente expuesto, el domingo 30 de enero se nos acaba el gas en casa, siendo imposible cocinar ni ducharnos.

Decido llamar a la Guardia Civil y comunicarles que no puedo cocinar para los niños ni ducharlos; que necesito adquirir una bombona de gas en la estación de servicio, a tan sólo unos pasos de nuestra casa.

Los agentes de la Guardia Civil me responden que no pueden hacer nada al respecto (¿Servir y proteger?) y que si me ven en la calle pasarían a denunciarme ante las autoridades.

Tampoco me ofrece ninguna solución la Cruz Roja durante bastantes horas, ni desde un teléfono de asistencia del Gobierno de Canarias —que me ofrecieron el primer día de encierro—, ni desde los miembros de  la Guardia Civil.

En esa situación de desesperanza en relación a mis hijos solicité ¡por favor! a los agentes que fueran ellos mismos quienes me proporcionarán una bombona.

Necesitaba poder alimentar a mis hijos para solventar la cruda situación que estábamos soportando.

Sin embargo, el agente de la Guardia Civil se negó a ayudarme a mí y a mis 3 hijos, percibiéndome incluso, que si volvía a llamar, sería él quien me iba a atender una y otra vez e indicándome que su  respuesta iba a ser siempre la misma.

Afortunadamente, después de insistir todo el domingo, finalmente una persona de la Cruz Roja tuvo el valor y la dignidad personal de venir a nuestro auxilio a las 18:00 horas.

Después de todo lo anterior, me pregunto...

— ¿Donde hemos dejado la humanidad?                                                                                                                            

— ¿Se puede arrestar a cuatro personas sanas (3 de ellas niños) en su domicilio sin ningún apoyo ni suministro alimenticio durante 10 días?  

— ¿Desde cuándo a los prisioneros del calabozo se les niega su derecho al sustento o se les abandona a su suerte o buena voluntad  de amigos o familiares? 

Nunca estuvimos expuestos a un caso positivo de la supuesta enfermedad. 

Las autoridades que dictaron estas normas tenían conocimiento del resultado NEGATIVO de todas las pruebas, al menos desde el martes 26 de enero que tuvieron los resultados negativos del aula.

¿Por qué no actuaron?

— ¿Por qué no revirtieron la injusta situación y dieron normalidad a la sucedido, devolviendo los Derechos Fundamentales de la vida de mis 3 hijos, por otro lado inalienables e irrenunciables —ninguna persona puede vulnerar bajo ninguna circunstancia el derecho a la Educación y a la Libertad—? 

— ¿O es que las medidas que adoptaron formaron parte de una represalia por la decisión LEGAL de una madre de negarse a que sometieran a su hija a la PCR? 

Tanto el Convenio de Bioética de Logroño como el Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y el resto de la legislación internacional y nacional indican que cualquier prueba médica necesita para poder llevarse a cabo del “consentimiento informado” del paciente, o de su representante legal o tutor —yo, en el caso de mi hija.

 Toda la legislación vigente indica que NO ES LEGAL someter a una prueba médica a un paciente sin su consentimiento. 

¿Porqué se están vulnerando derechos fundamentales del paciente durante ésta pandemia?

Así, a estas autoridades (y adrede los nombro en minúscula) me dirijo pidiéndoles un poco de Coherencia, Sentido Común, Claridad y Humanidad en sus acciones, palabras que escribo en mayúscula por ser más que necesarias.

Menos autoridad y más Coherencia y Sentido Común. Sobre todo en nombre de los niños. Nuestros hijos. Ellos no tienen culpa de nada de lo que ocurre.

Me gustaría que esto no lo vuelva a sufrir ninguna persona más. 

Quiero que sepan que, aunque con su mal ganada autoridad legal, puedan privarnos físicamente de nuestra libertad física,  nunca podrán robarnos nuestra Libertad de Espíritu, a no ser que nos sometan por medio de otros métodos. 

Allí siempre seremos libres, sagrados e imperturbables. 

Esa es y será siempre la medicina y el legado para nuestros hijos que se enfrentan a ésta nueva enfermedad declarada de poder y autoritarismo.

 En Valverde, Isla de El Hierro, abril de 2021.